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Marcela Armas, Resistencia (2009). Cortesía de la artista.
Pinto mi Raya (Mónica Mayer y Victor Lerma), Con el FONCA y sin el FONCA (2013). Cortesía de los artistas.
CONACULTA

Opinión: La nueva Secretaría de Cultura, ¿para qué?

04.01.2016

En septiembre del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto anunció sorpresivamente durante el informa de Gobierno, que Conaculta desaparecería para convertirse en una Secretaría de Cultura. ¿Cuáles son los beneficios y los desaciertos de esta decisión?

Al firmar el decreto para el establecimiento de una Secretaría de Cultura, el jefe del poder ejecutivo federal afirmó que «un país con cultura es un país con sólidas bases para un futuro mejor». El proceso que determinó tal decisión implicó, por el contrario, una serie de contradicciones con dichas intenciones. Si bien desde al menos dos sexenios atrás se publicitó en diversos momentos la necesidad de contar con una Secretaría de Cultura, ha sido hasta ahora que ésta pudo concretarse.

Por una parte se alegaba que, dada la importancia de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural debía contarse con un organismo propio, ajeno a la dependencia tradicional de la Secretaría de Educación, que ofreciera una mayor eficacia operativa y permitiera vencer antiguas inercias (urdimbre burocrática, problemas sindicales, complejidad presupuestal, subsidiaridad política, etcétera). Por otra, se reiteraba que el llamado «subsector cultural» debía actualizarse para poder ofrecer servicios oficiales que, por una u otra causa, había dejado de dar a la administración pública.

La iniciativa para crear la Secretaría de Cultura contempló cinco estrategias, la primera de ellas determinante, ya que se consideraba incrementar la aportación de la cultura a «las acciones del gobierno» en desarrollo, seguridad y prevención social. La segunda estrategia llamaba a conservar y mantener patrimonio e infraestructura culturales; la tercera hablaba del acceso «universal» a la cultura y los medios digitales; la cuarta planteaba el estímulo a la creación y la productividad bajo un esquema empresarial y la quinta refería a la inserción del sector cultural en el «reposicionamiento» de la imagen de México en el exterior.

Persistió el empeño de refundar la instrumentación gubernamental de la cultura. Resulta alarmante que, a pesar de semejante explicitud, la mayoría de los intelectuales, aristas y creadores que se manifestaron en la víspera de los hechos fue incapaz de reparar en los riesgos políticos que hay de por medio. El debate que merecía una deliberación crítica, amplia, abierta y razonada al respecto, se disolvió en adhesiones u oposiciones casi deportivas («¿estás a favor o en contra?») con lo que, de nuevo, la sociedad en general y lo gremios interesados quedaron al margen de las decisiones.

Con el pretexto de hacer «más eficiente» el estatuto burocrático-administrativo y recomponer el gremio sindical-académico que hay en la cultura, se logró ajustar las tareas culturales para que sean el enlace con clientelas electorales y políticas, además de inducir la cultura a usos propagandísticos, con lo cual se contradicen las normas constitucionales sobre la composición pluricultural de la Nación y el derecho a la libertad de pensamiento, pues se reduce la cultura de toda la nación a una visión oficialista-partidaria y de negocios rentables.

Durante el lapso que hubo entre la presentación de la iniciativa y su resolución legislativa jamás supimos cómo se conseguirá mantener la «autonomía» de la cultura respecto de la utilidad político propagandística o electorera.

Acudir al argumento de que ése y otros temas serán materia de la ley y el reglamento correspondientes sólo avala una carencia intelectual, cuando ni siquiera se sabe qué entienden los gobernantes y legisladores por cultura. Tampoco se discutió sobre temas esenciales: industrias culturales, apoyo sólido a gremios de productores del ramo, fomento al mercado interno, replanteamiento de estímulos al libro, la lectura y los libreros, qué hacer ante crecientes monopolios lo mismo en la distribución de libros y revistas que de productos fílmicos, etcétera. La Secretaría de Cultura, desde su inicio, deberá sentar las bases de un nuevo trato con el gremio cultural, un trato que deje atrás la postura de trabajar de espaldas a los implicados en la cultura y de espaldas a la sociedad, además de elegir los funcionarios idóneos para el trabajo, más allá del simple ensamble o reciclamiento de los gestores actuales.

En suma, tal secretaría tendrá que legitimarse por la vía práctica. Aunque venció la iniciativa para crear la Secretaría de Cultura, no convenció. No obstante, hay algo más importante: exigir un cumplimiento óptimo de su responsabilidad desde ahora hacia el futuro. Y tal exigencia impone al menos tres criterios: transparencia, respeto e imaginación.

 


Sergio González Rodríguez es periodista, ensayista y narrador. Entre sus libros más recientes se encuentran Campos de guerra (2014) y Los 43 de Iguala (2015). Recibió el Premio Casa América y el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez.

 

 

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