Desde hace algunas semanas dos cifras exorbitantes han llamado la atención: 6 mil 231 millones y 350 millones de pesos. La primera es la cantidad que el presidente Enrique Peña Nieto invirtió para regalar 20 millones de televisores para “afrontar” el apagón analógico; la segunda, el presupuesto asignado al CONACULTA: su presidente, Rafael Tovar y de Teresa, anunció una inversión por esa cantidad para resarcir el recorte presupuestal solicitado este año por Peña Nieto (4 mil millones de pesos, una reducción del 23.4% respecto de 2014, inversión de por sí precaria si tomamos como referencia el 1% mínimo de inversión del PIB que propone la UNESCO). ¿Qué relación tienen estas dos cifras abismales? Corresponden a inversiones del Estado para la cultura. La primera, a los medios de comunicación; la segunda, a las artes.

En esta última en los últimos tres sexenios los recortes han sido más la regla que la excepción. En 2004 Fox solicitó un recorte del 15.54% y dos años más tarde uno del 30%. Calderón propuso reducciones cuatro años consecutivos. No obstante, lo peor está por venir. Desde 2016 la asignación del presupuesto del Estado se hará a partir de la Base Cero, sin tomar en cuenta los recursos asignados el año anterior, sino en función de los resultados evaluados en los programas financiados.

 La burocracia cultural se ha pronunciado al respecto apelando a la imaginación del sector. Por su parte, varios artistas dieron a conocer una carta que pide que el Ejecutivo reconsidere el tema. (La misiva fue entregada a finales de mayo y para el 22 de junio ya contaba con 2, 917 firmas: 1, 099 de profesionales de las artes visuales). ¿El Estado debe aportar recursos a las artes para la transformación de la sociedad? Por supuesto, y más en un país con desigualdades económicas y educativas como el nuestro. Además, el ámbito artístico aporta un estimado del 7% del PIB nacional (Ernesto Piedras, ¿Cuánto vale la cultura?, 2004), lo que lo convierte en un sector productivo importante que justifica que se invierta en él.

La discusión de la política cultural del Estado, centrada sólo en el presupuesto público, focaliza y neutraliza ciertas discusiones necesarias, y deja de lado otros elementos trascendentes que constituyen la política cultural pública. Estos elementos están en el centro del debate internacional: el macrodiscurso que toda institución del Estado decide unilateralmente, la eficacia de los modelos mixtos de financiamiento (participación del Estado, iniciativa privada, particulares, artistas y tercer sector), el modelo de financiamiento público que demanda proyectos sólo capaces de producir rédito a nivel cuantitativo, el estatus y subutilización de infraestructuras culturales o la disparidad en la participación de las instituciones culturales de todos los niveles públicos (federal, estatal y local).

El ámbito artístico debe discutir no sólo sobre el Conaculta y su presupuesto, sino también sobre la Secretaría de Cultura del DF, la iniciativa privada, así como de aquellos que se han beneficiado con estos recursos. ¿Cómo se deciden los planes y programas de las dependencias? ¿Cómo se evalúan los programas? ¿Cuál es la política cultural hacia el exterior? ¿Hay claridad y responsabilidad en el gasto de recursos públicos de la burocracia y de los artistas beneficiados? Si el discurso recurrente es la importancia del arte para la transformación de la sociedad, se debe evaluar cómo romper las relaciones unilaterales que subyacen entre la institucionalidad y los artistas, pero también entre éstos y la sociedad.

         No hay que confundir la gimnasia con la magnesia. En el centro de la exigencia de no recortar el presupuesto está en juego la subsistencia económica de un sector del arte (entendible por la ausencia de políticas laborales vinculadas a las naturalezas múltiples de los diversos campos artísticos). Un número amplio de artistas son mano de obra barata como creadores de contenidos, lo que los convierte más en competidores de los subsidios y apoyos económicos del Estado que en un sector productivo con múltiples capacidades.

        ¿Qué necesitan los diversos campos artísticos como sectores laborales y productivos para contar con trabajos dignos (Enrique de la Garza y Julio César Neffa, Trabajos atípicos y precarización del empleo, 2010) como cualquier otro sector? La respuesta debe tomar en cuenta las normativas que dialoguen con los procesos de producción, distribución y consumo; los sistemas de mercado; y las necesidades de cada subsector del arte (independientes, privados, institucionales, etc.). Por ejemplo, la Ley de Lavado de Dinero parece criminalizar la compra y venta de arte, lo que ha disminuido en un 30% los ingresos económicos de los artistas, muchos de los cuales tienen como única fuente de ingresos este recurso.

El reto para los artistas es asumir que cultura no sólo se refiere al arte, sino también a todos aquellos campos que configuran modelos simbólicos y, en nuestro caso, nacidos de una geopolítica de construcción de sociedades desplazadas (Boaventura de Sousa, Una epistemología del sur, 2009), a través de parámetros impuestos por el mercado y los organismos internacionales. Si no se rompe el círculo vicioso de la política cultural del Estado los resultados de las becas FONCA y los recortes presupuestales a nivel federal seguirán invisibilizando la complejidad del binomio política y cultura. E, inevitablemente, los artistas tampoco podrán afrontar el futuro.

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Elena Román es docente, investigadora y productora. Es Maestra en Producción y Desarrollo Cultural por la UACH, y especialista en Políticas Culturales y Gestión Cultural por la UAM. Coordina el Observatorio de Políticas Culturales de la UACM.

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[28 de julio de 2015]